Menores imputables a 14 años en Argentina, lo que prevé la nueva ley que se aprueba: tras la primera luz verde obtenida en la Cámara de Diputados, la mayoría del presidente Javier Milei se prepara para la impugnación decisiva en el Senado para la aprobación del nuevo régimen penal juvenil. El proyecto, fuertemente apoyado por el gobierno, representa una de las reformas más discutidas en los últimos años en el ámbito de la justicia juvenil y pretende modificar sustancialmente el sistema actual.
Menores atribuibles a 14 años, lo que prevé la nueva ley que se aprueba en Argentina
El núcleo de la propuesta consiste en reducir la edad de elegibilidad de 16 a 14 años. El objetivo declarado por los proponentes es llevar el texto a la Cámara el 26 de febrero para iniciar la discusión final e intentar su aprobación definitiva. Se trata de un importante punto de inflexión, destinado a tener un profundo impacto en el actual sistema regulatorio, todavía ligado a una ley que se remonta al período de la dictadura.
De hecho, la reforma propone la sustitución del antiguo marco regulatorio por un nuevo régimen especial dedicado a los menores. El texto contempla un abanico de sanciones que van desde medidas alternativas hasta penas de prisión que pueden alcanzar los 15 años de prisión en casos de delitos especialmente graves. Sin embargo, no será posible aplicar la pena de cadena perpetua, límite incluido explícitamente en la nueva normativa.
Uno de los puntos centrales se refiere a los métodos de detención. El proyecto establece que los jóvenes condenados deberán cumplir sus penas en instalaciones específicas, separadas y distintas de las cárceles de adultos. La intención es evitar la promiscuidad con los presos adultos y garantizar caminos diferenciados, con especial atención a la reeducación y la reinserción social.
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No menos acalorado fue el debate sobre la financiación del nuevo sistema. El diputado Maximiliano Ferraro presentó una propuesta para introducir un mecanismo de cobertura financiera directa, pero la iniciativa fue rechazada por la misma mayoría. El gobierno reiteró su línea, basada en la estipulación de acuerdos entre el Estado central y las provincias para soportar los costos de las nuevas estructuras y programas previstos por la reforma.
El texto también introduce una amplia gama de sanciones alternativas a la detención, con un fuerte énfasis en medidas sociales y educativas. Para los delitos castigados con penas inferiores a tres años se excluye la pena privativa de libertad, mientras que para los que tengan penas comprendidas entre tres y diez años, siempre que no hayan causado muerte o lesiones graves, se preferirá soluciones distintas a la prisión. El planteamiento declarado es combinar firmeza y reeducación, en un intento de responder a la demanda de seguridad sin renunciar a la función recuperadora del sistema penal juvenil.
