Argentina exigió al Reino Unido tomar las medidas necesarias dentro de ese plazo para impedir el inicio o continuación de la explotación de hidrocarburos y abstenerse de otorgar nuevos permisos.
El presidente argentino, Javier Milei, instruyó el lunes a la Cancillería y a los equipos legales del gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca al norte de las Malvinas, y dio a Londres dos semanas para detener la actividad antes de que Argentina recurra al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
«He ordenado a la Cancillería y a nuestros equipos legales que inicien un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca de Malvinas del Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no detiene la explotación ilegítima, acudiremos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», escribió el presidente en X.
Según el comunicado de la Presidencia, el procedimiento es el previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que ambos países son parte. El arbitraje comienza formalmente con una notificación por escrito a la otra parte exponiendo la reclamación y sus fundamentos; no consta que se haya enviado dicha notificación. Argentina exigió al Reino Unido tomar las medidas necesarias dentro de ese plazo para impedir el inicio o continuación de la explotación de hidrocarburos y abstenerse de otorgar nuevos permisos. De no hacerlo, Argentina solicitará al tribunal con sede en Hamburgo medidas provisionales, que ese organismo puede ordenar mientras se constitue un tribunal arbitral si considera que este tendría competencia prima facie.
El gobierno basa su postura en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que reconocieron la existencia de una disputa de soberanía, instaron a ambos países a negociar y llamaron a abstenerse de modificaciones unilaterales. Sostiene que la explotación causa “daño irreversible e irreparable” a los derechos argentinos. Estas resoluciones tienen el rango de recomendaciones.
La ruta elegida se enfrenta a un obstáculo legal previsible. En casos anteriores, los tribunales constituidos en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar se negaron a pronunciarse sobre disputas que involucraban soberanía territorial, como en el arbitraje entre Mauricio y el Reino Unido sobre las Islas Chagos en 2015 y en la disputa entre Ucrania y Rusia sobre Crimea en 2020.
El comunicado también incluye un “rechazo categórico” a la declaración escrita que el Reino Unido incorporó al acta de la Asamblea General tras el discurso de Milei, y sostiene que la designación de territorio británico de ultramar y el referéndum de 2013 no tienen validez legal. Londres sostiene que no tiene dudas sobre su soberanía, que la ley argentina no se aplica en el archipiélago y que la actividad hidrocarburífera se rige por la legislación local de conformidad con el mismo Convenio. No hubo una respuesta británica específica al anuncio. Las empresas detrás del proyecto, la israelí Navitas y la británica Rockhopper, han dicho que no esperan cambios en su calendario, que fija la primera producción para la primera mitad de 2028.
El gobierno también dijo que detectó operaciones de Thales UK Limited entre el archipiélago y Punta Arenas, en Chile, utilizando un avión registrado en el Reino Unido sin autorización argentina, y ordenó procedimientos sancionadores y denuncias penales. Argentina tiene 60 procesos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales contra diez empresas. Ninguna de las acusaciones ha sido probada.
