Una columna de opinión publicada el miércoles en el semanario británico The Spectator compara la estrategia del presidente argentino Javier Milei respecto a las Malvinas con la de Leopoldo Galtieri en 1982, señalando, según el autor, la diferencia de que el gobierno actual emplea medios legales y no militares. El artículo, escrito por el profesor de derecho Andrew Tettenborn, es más un argumento de opinión que una exposición de hechos nuevos.
El columnista llama “lawfare” (el uso de instrumentos legales con fines políticos) al arbitraje que Argentina anunció el lunes sobre el proyecto petrolero Sea Lion. Sostiene que el objetivo real es reabrir la cuestión de la soberanía, que Milei percibe en el Reino Unido como débil y dividido y que busca distraer de las dificultades internas. Estas son las valoraciones del autor; también ofrece descripciones personales del primer ministro británico Andy Burnham y del propio Milei.
El núcleo legal de la columna es su parte más concreta: sostiene que la reclamación de Argentina es en esencia una disputa de soberanía territorial y que el derecho internacional del tribunal marítimo ha dejado claro que no considera que ese sea su papel. En casos anteriores, los tribunales constituidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se han negado a pronunciarse sobre disputas de soberanía, como en el arbitraje de 2015 entre Mauricio y el Reino Unido sobre las Islas Chagos. El procedimiento que Buenos Aires ha anunciado es un arbitraje del Anexo VII; del Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo, Argentina sólo solicitaría medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
La columna contiene imprecisiones. Ubica la demanda ambiental contra el proyecto en Buenos Aires y sugiere que fue interpuesta con el visto bueno tácito de Milei; fue interpuesta el 1 de septiembre, antes del discurso presidencial que lanzó la campaña, por el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientales ante el tribunal federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Tampoco se confirma que las denuncias penales abarquen a ejecutivos de Rockhopper, como señala el texto.
Tettenborn aconseja al gobierno británico que rechace el reclamo y “mantenga la calma”, y sostiene que los tribunales internacionales han perdido imparcialidad. El comunicado británico emitido el mismo miércoles, sin embargo, invoca expresamente la Convención sobre el Derecho del Mar como marco legal para la actividad petrolera en el archipiélago.
Argentina sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU y que los deseos de los residentes no resuelven la disputa. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por conservar el estatus de territorio británico de ultramar.
