MLA Roberts esta mañana trabajando en la Conferencia del Partido Laborista con el Ministro de Territorios de Ultramar y el Secretario de Defensa Wes Streeting.
El Gobierno del Reino Unido ha rechazado la decisión de Argentina de iniciar un arbitraje internacional respecto al proyecto petrolero Sea Lion y afirmó que la campaña de Buenos Aires relacionada con las Malvinas «plantea dudas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido». Es la primera ocasión en la que Londres amplía el conflicto para abarcar la relación bilateral en su conjunto.
La declaración, suscrita por el subsecretario de Estado parlamentario para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, y publicada este miércoles, describe el recurso a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida” de los residentes del archipiélago. Señala que «han elegido libre y democráticamente su futuro» y que poseen el derecho a explotar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia de terceros”, y que la actividad de hidrocarburos está regulada por la normativa local «en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar». Estas son posturas del gobierno británico, objetadas por Argentina.
Según el texto, esta semana Londres comunicó al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica «no constituyen actos de compromiso internacional responsable» sino «intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo». El comunicado concluye que el Reino Unido seguirá “hombro con hombro” con el gobierno del archipiélago y “defenderá con firmeza” sus deseos, su economía y su derecho a la autodeterminación. En X, Kumaran escribió: “Las Islas Malvinas son británicas”. Rockhopper Exploration, el socio británico del proyecto, afirmó que continuará con Sea Lion y calificó la reclamación de Argentina de “ilegítima”, según el Buenos Aires Herald.
El presidente Javier Milei ordenó el lunes iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención y dio a Londres dos semanas para impedir la explotación en la cuenca situada al norte del archipiélago; de no hacerlo, Argentina buscará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Buenos Aires sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General y provoca un daño «irreversible e irreparable» a sus derechos. En casos anteriores, los tribunales bajo la Convención se han negado a pronunciarse sobre disputas de soberanía territorial.
Argentina también tiene 60 procesos administrativos en curso, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales contra diez empresas. Ninguna de las acusaciones ha sido probada. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
