El programa, presentado en París el 2 de octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se basa en un decreto de emergencia de mayo de 2025.
El programa de ciudadanía por inversión promovido por el gobierno de Javier Milei, que habilita a extranjeros a adquirir la nacionalidad argentina mediante una aportación de 350.000 dólares al Tesoro o la adquisición de un bono por 800.000 dólares, se enfrenta a objeciones de juristas constitucionalistas y de la oposición, que buscan impedir su aprobación en el Congreso.
El programa, dado a conocer en París el 2 de octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, descansa en un decreto de emergencia expedido en mayo de 2025. Asimismo contempla pagos suplementarios de 100.000 dólares por cónyuge y por cada hijo entre 18 y 25 años, y 25.000 dólares por cada menor, de modo que una familia con dos hijos menores alcanzaría los 500.000 dólares.
«La Constitución nacional, en su artículo 20, es inequívoca: la ciudadanía argentina por naturalización se obtiene tras dos años de residencia o por la prestación de algún servicio excepcional a la patria. No concede la posibilidad de comprar la ciudadanía», afirmó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez al diario El País. A su juicio, el decreto no satisfaría los criterios de necesidad y urgencia que facultan al poder ejecutivo para eludir al Congreso, y la medida resulta «totalmente discriminatoria por razón de estatus económico». Según el periódico, los tribunales ya han declarado nulo el decreto en dos casos aislados.
En el Congreso, la oposición ha presentado solicitudes de información y proyectos de ley para derogarlo. «Es inaceptable que Argentina ponga su ciudadanía a la venta», afirmó el diputado peronista Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, quien tildó la iniciativa de «clasista» y sostuvo que está diseñada para captar multimillonarios que buscan evadir las restricciones impuestas a los extranjeros, como la compra de tierras.
El gobierno sostiene que el programa «fomentará la inversión y la creación de empleo» y que los fondos se destinarán a fortalecer la posición fiscal del país. Caputo atribuyó el interés de los inversores a «la óptima situación geopolítica de Argentina, particularmente en un mundo en conflicto», y afirmó que los solicitantes pasarán por una investigación «rigurosa» de su identidad, antecedentes penales y fuentes de fondos.
Representantes de cinco empresas privadas especializadas en programas de residencia y ciudadanía por inversión (Latitude Group, Arton Capital, Apex Capital Partners, Passport Legacy y AIM Global) participaron del anuncio y afirmaron haber formado un consorcio, así como firmado en mayo un acuerdo de colaboración técnica no remunerada con la agencia del Ministerio de Economía encargada de gestionar el programa.
Argentina sería el primer país sudamericano en contar con un programa de este tipo.
