El proyecto de ley, remitido al Congreso en septiembre, comprende 133 artículos. Los cuarenta primeros derogan la normativa de 2011 que sanciona la exploración de hidrocarburos no autorizada por Argentina y establecen un régimen más amplio con multas
El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra quienes participan en la explotación de recursos en las Malvinas, no logró la aprobación de la comisión de la Cámara de Diputados y no llegará a la sesión especial prevista para el 21 de octubre, según informó la prensa argentina. La oposición exige que se divida el texto, que además de sanciones reforma la seguridad, la defensa y la inteligencia.
La cuarta reunión conjunta de las comisiones de Defensa, Derecho Penal y Asuntos Exteriores finalizó el miércoles sin acuerdo, el mismo día que Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar detener el proyecto petrolero Sea Lion. El partido gobernante La Libertad Avanza se negó a deshacer el proyecto de ley.
El proyecto de ley, enviado al Congreso en septiembre, tiene 133 artículos. Los primeros 40 derogan la ley de 2011 que penaliza la exploración de hidrocarburos no autorizada por Argentina y crean un régimen más amplio con multas, inhabilitaciones, un registro público de infractores y penas de prisión de hasta 20 años. Según el diario británico The Guardian, extiende las sanciones a afiliados, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas, e incluye cláusulas que podrían afectar a la industria pesquera de las islas. La secretaria Jurídica y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, dijo al Congreso que la legislación actual “no prevé delitos relacionados con la pesca”.
Esa primera parte cuenta con el apoyo parcial de la oposición, pero el resto del texto es cuestionado: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe de Estado y un protocolo que autoriza, como último recurso, el derribo de aviones o el hundimiento de buques considerados hostiles. Varios bloques proponen aprobar por separado sólo las sanciones vinculadas a la explotación de recursos.
El Reino Unido anunció el martes medidas bajo su legislación de protección de intereses comerciales para evitar que las empresas y ciudadanos británicos tengan que cumplir con las normas argentinas fuera de la jurisdicción de Argentina.
