Banderas de los territorios británicos de ultramar ondean cerca de las Casas del Parlamento en Westminster, Londres.
La Biblioteca de la Cámara de los Comunes ha publicado un informe de investigación que detalla la reacción del gobierno de Andy Burnham frente a la ofensiva legal, económica y diplomática de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las Malvinas, nueve días antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emita una decisión sobre su detención.
La Biblioteca de la Cámara de los Comunes ha publicado un informe de investigación que presenta la respuesta del gobierno de Andy Burnham ante la ofensiva legal, económica y diplomática de Argentina contra el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas, con nueve días de antelación respecto a la posible orden de suspensión por parte del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft, no representa una declaración oficial, sino un análisis orientado a informar a los legisladores, según informó Infobae. Examina cuatro frentes de la ofensiva argentina este año: la reafirmación de la soberanía en la Asamblea General de la ONU, las sanciones contra unas 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción en la base naval de Ushuaia y el caso ante el tribunal de Hamburgo. «El gobierno del Reino Unido ha dicho que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan» en las islas, resume.
Entre esas respuestas figura la guía empresarial publicada en septiembre por el ministro de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, que sostiene que los isleños «tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca», con el «pleno apoyo» del gobierno para las empresas. En octubre, Londres anunció medidas bajo su legislación de Protección de Intereses Comerciales para que las compañías británicas “puedan continuar tomando decisiones comerciales de acuerdo con la ley del Reino Unido” a pesar de las sanciones argentinas.
El informe reserva una sección para Estados Unidos. Se recuerda que Donald Trump declaró en agosto que su administración revisaba su tradicional neutralidad en materia de soberanía sobre las islas, y que Burnham le planteó posteriormente “las consecuencias económicas de las medidas coercitivas de Argentina para el Reino Unido y los Estados Unidos”. Citando a medios argentinos, señala que la inquietud de Washington por posibles sanciones a empresas estadounidenses podría haber llevado a Buenos Aires a frenar su proyecto de ley de defensa de la soberanía.
Ese proyecto de ley sufrió un nuevo revés el miércoles: la sesión de la Cámara de Diputados convocada para debatirlo colapsó por falta de quórum, con 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios, tras que las coaliciones Provincias Unidas y MID se negaran a ocupar sus escaños por objeciones a los artículos sobre injerencia extranjera y libertad de expresión.
El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la vía legal el mismo día. “Este arbitraje se centra en la explotación de recursos naturales mientras no se haya decidido la cuestión de fondo”, afirmó durante un foro legal en Buenos Aires. “Una vez que se extrae una gota de petróleo, esa gota no se puede recuperar”. Quirno sostuvo que, sea cual sea la decisión del 28 de noviembre, “el arbitraje continúa”.
Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a unos 220 kilómetros al norte de las islas, alberga reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y se espera que inicie perforaciones en enero de 2027.