El jurista Marcelo Kohen, parte del equipo jurídico de Argentina, durante las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
El jurista Marcelo Kohen, uno de los abogados que representa a Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ha argumentado que si el Reino Unido inicia la explotación de petróleo en el proyecto Sea Lion, al norte de las Malvinas, los derechos de Argentina sobre esos recursos “se pierden para siempre”. El tribunal tiene previsto comunicar el 28 de noviembre su decisión respecto a la solicitud argentina de suspender el proyecto.
El jurista Marcelo Kohen, uno de los abogados que representa a Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ha argumentado que si el Reino Unido comienza a extraer petróleo en el proyecto Sea Lion al norte de las Malvinas, los derechos de Argentina sobre esos recursos “se pierden para siempre”. El tribunal anunciará el 28 de noviembre su decisión sobre la solicitud de Argentina de suspender el proyecto.
“Los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones explotarán los recursos no renovables”, dijo Kohen en entrevista con Infobae. «La perforación y la extracción de petróleo provocan un cambio físico irreversible en la plataforma continental y sus recursos no renovables. Una vez producidos, no hay vuelta atrás».
Kohen, rosarino afincado en Ginebra, profesor de derecho internacional y secretario general del Institut de Droit International, representó a Argentina ante el mismo tribunal en 2012, cuando ordenó por unanimidad a Ghana liberar la fragata Libertad, retenida a petición de un fondo acreedor. En este caso forma parte del equipo que lidera el agente de Argentina, el embajador Mario Oyarzábal.
Según el jurista, el Reino Unido centró su defensa en la soberanía sobre las islas para que el tribunal concluyera que carece de jurisdicción, ya que sólo puede pronunciarse sobre asuntos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina, dijo, se limitó a buscar preservar sus derechos sobre la plataforma continental en disputa “mientras la disputa siga sin resolverse”.
En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación británica, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, argumentó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre cuestiones de soberanía y que suspender a Sea Lion lo “mataría”, con consecuencias “devastadoras” para los isleños. Los abogados británicos estimaron la pérdida de Rockhopper en alrededor de mil millones de dólares, y el director ejecutivo de su socio israelí, Navitas, advirtió por escrito que incluso la suspensión más breve sería “terminal” para el proyecto. «Los daños económicos pueden ser compensados; la modificación de la plataforma continental es irreversible», respondió Kohen.
El jurista también cuestionó el referéndum de 2013 invocado por Reeves como expresión de la autodeterminación de los isleños, que había calificado durante la audiencia como un “referéndum de autosatisfacción”. «Fue un referéndum que no fue organizado ni supervisado por las Naciones Unidas», dijo. En esa votación, el 99,8% de los votantes respaldó que las islas siguieran siendo un territorio británico de ultramar. El Reino Unido sostiene que los isleños tienen derecho a decidir su futuro y a desarrollar sus recursos naturales.
Para Kohen, sea cual sea el resultado, el caso ya ha obligado a Londres a “justificarse ante un tribunal internacional”. “La única manera que tenía Argentina de impedir que el Reino Unido siguiera adelante con la explotación de hidrocarburos era recurrir a la jurisdicción internacional”, afirmó.