El gobierno de Javier Milei intentará nuevamente el jueves (6) llevar a votación en el Senado un proyecto de ley para modificar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros en Argentina. La oposición y grupos sociales han acusado al gobierno de “venderse” y han convocado protestas en el momento de la votación. El Senado argentino se había negado hasta el momento a votar la propuesta original de la Casa Rosada de levantar cualquier restricción a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, que actualmente asciende al 15% a nivel nacional, provincial y municipal. Debido a las dificultades para avanzar en la materia, el gobierno de Milei presentó el martes (4) una propuesta más moderada que eleva el tope al 25% por provincia del país.
A mediados de julio, el gobierno argentino intentó llevar el tema a votación en el Senado, pero el proyecto de ley fue retirado de la agenda por falta de apoyo. La Casa Rosada está a favor de levantar el tope previsto en la ley de 2011, argumentando que la restricción obstaculizaría la inversión internacional en el país. «(La legislación) significó una restricción irrazonable que, lejos de representar una protección real, resultó en una restricción y un obstáculo a las inversiones internacionales, especialmente en el sector agrícola, uno de los sectores productivos más importantes del país», dijo un comunicado del gobierno argentino enviado al Senado en marzo de este año.
Milei ya había intentado levantar la restricción mediante decreto presidencial apenas asumió el cargo en diciembre de 2023. Sin embargo, el cambio fue suspendido por el poder judicial, lo que llevó a la Casa Rosada a buscar un cambio en la regulación por la vía legislativa. La organización no gubernamental (ONG) Observatorio de Terras da Argentina, que agrupa a investigadores contrarios al cambio, estima que casi el 5% de la superficie terrestre del país es de propiedad extranjera, lo que equivale a 13 millones de hectáreas, una superficie del tamaño de Inglaterra. Según el Observatorio, 36 departamentos superan el límite legal del 15%, entre ellos Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la proporción de tierras en propiedad de extranjeros supera el 50%.
colonialismo
La organización sostiene que el cambio amenaza el acceso de la población argentina a ríos, lagos y manantiales, lo que equivaldría a un estatus «colonial». «Esta reforma tiene como objetivo facilitar procesos de apropiación y concentración que pueden implicar el control de vastas áreas de tierra y recursos naturales estratégicos, sin crear necesariamente una circulación local de los ingresos obtenidos», dice el informe de la ONG. El informe, firmado por los expertos Pablo Volkin, Matías Oberlin y Julieta Caggiano, agrega que el texto de la ley representa un ataque a la soberanía nacional que pone los recursos naturales del país al servicio de corporaciones extranjeras.
“Esto no hará más que agravar la conflictividad social en cada uno de los territorios donde se implemente. Como ya hemos explicado, la Ley de Propiedad Extranjera impulsada por Federico Rumpfenegger (Ministro de Desregulación y Transformación) por parte del gobierno nacional se presenta como un nuevo marco jurídico para el colonialismo”, concluyen los expertos. Según el gobierno de Milei, el cambio no afectaría la soberanía ya que prohíbe la venta de tierras a estados extranjeros y solo la permite al sector privado.
Defensa de la propiedad privada
El proyecto de ley, que eleva el límite a la venta de tierras argentinas a extranjeros, es parte de un paquete más amplio de cambios legislativos defendido por el gobierno argentino, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El paquete contiene medidas que, entre otras cosas, aceleran los procedimientos de desalojo, dificultan las expropiaciones estatales y suavizan las restricciones a la venta de reservas naturales después de los incendios forestales.
