Audiencia en Hamburgo: Argentina busca detener a Sea Lion y Reino Unido disputa jurisdicción



Debido a que el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia para tales disputas y Argentina optó por el tribunal de Hamburgo, el fondo del caso debe ser resuelto por un tribunal arbitral.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar inició sus deliberaciones en Hamburgo este martes, escuchando a Argentina y al Reino Unido respecto a la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas. Argentina sostuvo que los recursos de la plataforma continental en disputa no pueden explotarse de forma unilateral, mientras que el Reino Unido cuestiona la competencia del tribunal para pronunciarse sobre lo que considera una cuestión de soberanía.

“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, al presentar las cuatro solicitudes de su país: impedir el inicio o la continuación de la explotación en Sea Lion, abstenerse de emitir nuevos permisos, conservar la información obtenida durante la exploración y proteger el medio marino. Oyarzábal citó el censo de 2021 de las islas, con 3.142 residentes habituales, de los cuales 1.625 cuentan con la residencia otorgada por el Gobernador, y afirmó que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino”.

El jurista Marcelo Kohen, asesor de la delegación, indicó que Argentina alude a la soberanía solo para dejar claro que su reclamación sobre la plataforma continental es plausible. “La tierra domina el mar. Por eso, y únicamente por ello, aquí nos referimos a la soberanía argentina”, afirmó, sosteniendo que basta con que las Naciones Unidas reconozcan la existencia de la disputa. Argentina se apoya en las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 2065 (1965) y 31/49 (1976), que instan a las partes a evitar decisiones unilaterales, y advierte que el petróleo extraído no podría ser restituido mediante un fallo posterior. También intervino ante el tribunal el jurista neerlandés Nico Schrijver, experto en soberanía sobre los recursos naturales.

El Reino Unido presentará su posición en la sesión de la tarde. Antes de la audiencia, la fiscal general Ellie Reeves, que encabeza la delegación británica, dijo a The Times que Reino Unido respeta el derecho internacional y al propio tribunal, “pero no creemos que tengan jurisdicción para escuchar una reclamación sobre soberanía”. “Tenemos absolutamente claro que este es territorio británico soberano”, añadió. Un portavoz del primer ministro Andy Burnham insistió en que “la audiencia no trata sobre la soberanía de las Malvinas” y que los isleños “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales”, según DPA.

Debido a que el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia para tales disputas y Argentina optó por el tribunal de Hamburgo, el fondo del caso debe ser resuelto por un tribunal arbitral. Hamburgo solo puede dictar medidas provisionales mientras se forma ese tribunal, si se considera que el tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie, que existe urgencia y que el derecho invocado es plausible. La argentina Frida María Armas Pfirter, vicepresidenta del tribunal, se recusó del caso, por lo que Argentina nombró a Raúl Vinuesa como juez ad hoc; el Reino Unido escogió a Vaughan Lowe. Ambos prestaron juramento el lunes.

La audiencia concluye el miércoles con una segunda ronda de intervenciones de cada parte. Según un experto consultado por Infobae, la decisión podría emitirse hacia el viernes 13 de noviembre. Se espera que Sea Lion, operado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago, comience a perforar en enero de 2027.

La audiencia coincide con la llegada de la princesa Ana a las islas el lunes y se vincula al debate próximo sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Argentina en la Cámara de Diputados, previsto para el jueves. El gobierno británico anunció en octubre que propondrá una legislación para proteger a las empresas ante posibles sanciones argentinas.