Las voces disidentes llegan en un momento de máxima tensión
Casi un centenar de intelectuales, juristas, historiadores y políticos argentinos firmaron una declaración destinada a rechazar la instrumentalización de la disputa por las Malvinas como una “causa nacional” que “no admite disenso”, y a criticar al gobierno de Javier Milei por actuar con “flagrante oportunismo” en medio de la escalada de tensiones con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
La declaración, titulada “Malvinas y la disidencia” y publicada a principios de octubre en el diario Perfil, está firmada, entre otros, por el jurista Roberto Gargarella, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, la exministra Graciela Fernández Meijide, el economista Pablo Gerchunoff, el escritor Santiago Kovadloff y los historiadores Luis Alberto Romero, Hilda Sabato y Federico Lorenz.
Los firmantes no niegan la disputa. Aceptan «la existencia de este desacuerdo internacional», con sus dimensiones «diplomáticas y jurídicas», y reconocen opiniones diferentes entre ellos, por ejemplo sobre si los isleños deberían participar en alguna negociación. Pero advierten que el tema “hace tiempo que dejó de ser esencialmente una disputa y se convirtió en una supuesta causa nacional” que “no admite disidencias relevantes” y tilda de “mal argentino” a quien se desvía de ella. “La causa nacional es, en definitiva, un abuso de autoridad estatal, política, social y cultural”, argumentan. Critican especialmente el artículo 111 del proyecto de ley de defensa de la soberanía, que a su juicio establecía “un delito vago y la criminalización de la disidencia”; el gobierno reconoció a mediados de octubre que tendría que ser eliminado. “Sobre Malvinas esto es todo lo que pedimos: que la unanimidad deje de hablar en nuestro nombre”, concluyen.
Uno de los firmantes, Alejandro Cowes, que se describe a sí mismo como abogado, fue más allá en un texto publicado el sábado en inglés y español en un grupo público de Facebook sobre las islas. Cowes acusa al gobierno de utilizar la “sagrada causa nacional” como “una herramienta para la coerción estatal interna y el consumo político interno” y revive la tesis del politólogo argentino Carlos Escudé sobre la “mentira maligna”: la idea de que una política dura aumentará los costos de Gran Bretaña, cuando para hacerlo Argentina tendría que multiplicar los suyos frente a una potencia con recursos mucho mayores. Critica las sanciones a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos y a la compra de cazas F-16, y concluye que las islas son británicas y que sus habitantes tienen “el derecho inalienable a la autodeterminación”, posición no reflejada en la declaración colectiva.
Las voces disidentes llegan en un momento de máxima tensión. El proyecto de ley de defensa de la soberanía obtuvo la aprobación del comité el 27 de octubre, después de que se redujeran las sanciones en respuesta a las objeciones de Estados Unidos, y el partido gobernante planea debatirlo en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre. Dos días antes, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebrará la audiencia en Hamburgo sobre la solicitud de Argentina de detener a Sea Lion. Milei ha reiterado que «las Malvinas son argentinas», al tiempo que descarta «soluciones militares».
El reclamo de soberanía sobre las islas está consagrado en una disposición transitoria de la Constitución argentina y goza de un amplio apoyo público, como lo reconoce la propia declaración.
