El nuevo elemento es una auditoría económica encargada por la propia defensa, no un informe pericial ordenado judicialmente
Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijeron el martes que agregaron un nuevo elemento a la petición que están llevando a cabo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, buscando revocar su condena definitiva en el caso Vialidad y, más inmediatamente, dejar de lado la inhabilitación vitalicia para ocupar cargos públicos que le impide presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.
La defensa argumenta abiertamente que el procedimiento tenía como objetivo excluirla de la política electoral. La comunicación individual fue presentada a finales de julio y documenta ocho presuntas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellos, invoca el artículo 14.5, alegando que el Tribunal de Casación no realizó un examen auténtico y exhaustivo de los motivos de la defensa, y el artículo 14.7, alegando que 49 de las 51 obras públicas juzgadas ya habían sido objeto de investigaciones cerradas por sobreseimiento o archivo.
El nuevo elemento es una auditoría económica encargada por la propia defensa, no un informe pericial ordenado por el tribunal. Su punto de partida es una hoja de cálculo de la Dirección Nacional de Vialidad que salió a la luz el 6 de agosto, cuando un funcionario técnico del organismo declaró en el caso Cuadernos, un juicio en curso en el que Kirchner también es imputado y donde rige la presunción de inocencia.
Según el informe, elaborado por el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, las empresas del Grupo Austral de Lázaro Báez recibieron US$ 18,66 millones, o el 0,85% de los más de US$ 2 mil millones desembolsados a través de una de las fuentes de financiamiento del organismo. El estudio añade que las quince mayores constructoras acapararon el 75% de esos recursos. “La sentencia fue absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente”, dijo el abogado Carlos Beraldi en conferencia de prensa en Buenos Aires.
La condena, sin embargo, no afectó a la participación de Báez en el gasto total en carreteras. El fallo, confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025, declaró a Kirchner culpable de administración fraudulenta por la adjudicación irregular de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que involucraron sobreprecios, prórrogas de plazos y pagos anticipados, y estimó la pérdida para el Estado en alrededor de 500 millones de dólares. Le impuso una pena de seis años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario desde hace unos quince meses. La conducta central que se le atribuye fue la firma del Decreto 54/2009, que los fiscales calificaron como el instrumento de la trama.
Ni los fiscales ni los tribunales involucrados han comentado sobre la presentación.
El Comité de Derechos Humanos examina comunicaciones individuales en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto y emite opiniones que no son vinculantes y no anulan decisiones nacionales; podrá solicitar medidas provisionales, igualmente sin fuerza vinculante. La defensa espera que el organismo acepte abordar el caso en su próxima sesión, prevista entre finales de octubre y principios de noviembre, y dijo que luego buscará la revisión de la condena en los tribunales argentinos.
El equipo está formado, junto con Beraldi, por el brasileño Rafael Valim, abogado del presidente Lula da Silva, y el español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
