El Gobierno del Reino Unido está delineando medidas conforme a su ley de Protección de Intereses Comerciales para impedir que empresas e individuos británicos deban obedecer las normas extraterritoriales argentinas.
El gobierno británico afirmó este martes que cualquier medida provisional ordenada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es vinculante y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales, el mismo día que Argentina solicitó a ese tribunal detener el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de las Malvinas. Paralelamente, Londres anunció que utilizará su legislación de protección de intereses comerciales para proteger a las empresas británicas de las sanciones argentinas.
«La posición establecida del Reino Unido es que las medidas provisionales ordenadas bajo el marco legal internacional aplicable son vinculantes para las partes y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales», dijo la Ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, a la Cámara de los Comunes. Confirmó que Argentina notificó formalmente el inicio del arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 28 de septiembre, que la embajada británica en Buenos Aires entregó su respuesta formal el domingo 11 y que el Reino Unido se involucrará en el proceso. Agregó que la notificación no es una sentencia, no invalida las licencias emitidas por el gobierno del archipiélago y no exige el cese de la actividad.
Vencido el plazo de dos semanas fijado por el presidente Javier Milei, el gobierno argentino dijo el martes que había solicitado al tribunal con sede en Hamburgo medidas provisionales para «preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental» e impedir actividades que considera «unilateral e ilegalmente» autorizadas por el Reino Unido.
En una declaración conjunta, el Departamento de Negocios y Comercio de Gran Bretaña y el Ministerio de Asuntos Exteriores dijeron que están preparando medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales, que permite al gobierno evitar que empresas e individuos del Reino Unido se vean obligados a cumplir con normas extranjeras extraterritoriales. La declaración dejó en claro que no busca restringir el comercio británico con Argentina. «Esto deja claro en términos inequívocos que este Gobierno actuará cuando Argentina busque impedir la actividad comercial legal del Reino Unido», dijo el Secretario de Negocios Jonathan Reynolds. «Los intentos de Argentina de intimidar a empresas e individuos involucrados en actividades comerciales legítimas son inaceptables», añadió el Secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband.
Según The Guardian, el Reino Unido también ha pedido a Interpol que rechace las solicitudes argentinas de notificaciones rojas contra personas vinculadas a Sea Lion, calificándolas de “motivaciones políticas”. La constitución de Interpol le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político.
Argentina sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. En casos anteriores, los tribunales bajo la Convención se han negado a pronunciarse sobre disputas de soberanía territorial; Kumaran confirmó que Londres impugnará cualquier intento de utilizar el procedimiento con ese fin. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por conservar el estatus de territorio británico de ultramar.
