Argentina introduce la ley penal juvenil, que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años y prevé una pena de prisión de hasta 15 años para los delitos más graves. El gobierno de Javier Milei completó la implementación del nuevo código penal juvenil con la publicación del Decreto 875/2026 el lunes (7). Este decreto reglamenta la Ley 27.801 y designa al Ministerio de Justicia como autoridad competente para coordinar su aplicación a nivel nacional y federal. La ley fue aprobada por el Parlamento el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y entró en vigor 180 días después de su publicación el 5 de septiembre. La reforma representa uno de los mayores cambios en el sistema de justicia juvenil de Argentina en décadas. Sustituye a la Ley 22.278, vigente desde 1980, que excluía la responsabilidad penal a los menores de 16 años, y ahora extiende la responsabilidad penal a los menores de 14 a 18 años.
Penas de prisión de hasta 15 años y alternativas a la prisión
El nuevo sistema no sólo incluye penas de prisión. La Ley 27.801 contiene una serie de sanciones alternativas, entre ellas advertencias, prohibiciones de contacto con las víctimas, restricciones para conducir o permanecer en determinados lugares, servicios comunitarios, seguimiento electrónico y reparación integral del daño causado. Si el delito está castigado con pena de prisión de hasta tres años y se cumplen los requisitos penales, la pena de prisión deberá ser sustituida por una de las medidas mencionadas. Para los delitos con pena de prisión de más de tres años y hasta diez años, también se puede condonar la pena de prisión en determinados casos, siempre que no haya muerte de la víctima, violencia física o psicológica grave u otras circunstancias especificadas por la ley. La privación de libertad puede llevarse a cabo en el domicilio, en un centro abierto o en un centro de detención especializado. En ningún caso podrá imponerse la cadena perpetua o el arresto domiciliario perpetuo, y la duración máxima de la pena de prisión es de 15 años, incluso si la suma de varios delitos pudiera dar lugar a una pena de prisión más larga.
Un cuidador por adolescente
El reglamento publicado este lunes también define el rol del supervisor especialista que será responsable de monitorear, apoyar y cuidar a los jóvenes del programa. Estos profesionales deberán tener formación en áreas como la pedagogía, la educación infantil y juvenil, la psicología, el tratamiento de adicciones o el trabajo social. El Ministerio de Justicia debe elaborar primero una lista preliminar y luego elaborar un registro de supervisores de justicia penal juvenil, cuya primera solicitud pública debe realizarse en un plazo máximo de 180 días. El decreto también prevé la creación de un comité interministerial con representantes de los Ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, así como un Consejo Federal, que coordinará la aplicación de la normativa entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del proyecto para 13 años a la ley definitiva
El proceso de reforma se inició en los primeros meses del mandato de Javier Milei. El proyecto de ley, presentado al Congreso en julio de 2024, fue firmado por Milei, Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich y originalmente establecía una edad mínima de responsabilidad penal en 13 años. Durante el proceso parlamentario, el límite finalmente se fijó en 14 años. La actual líder del bloque senatorial La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la entrada en vigencia de la ley, argumentando que el cambio «elimina la excusa de edad para delinquir». Cree que el nuevo marco permite dar una mejor respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores.
Sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal ha generado críticas por parte de organizaciones de protección infantil. Si bien UNICEF acogió con satisfacción la creación de una reforma específica y oportuna de la justicia juvenil, señaló que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas había recomendado que Argentina mantuviera la edad mínima en 16 años, fortaleciera la justicia reparativa y priorizara las alternativas al encarcelamiento. Durante el trámite parlamentario, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuestionaron tanto la rebaja de la edad como la posibilidad de imponer penas de prisión de hasta 15 años.
Con la entrada en vigor de la Ley 27.801 y su Reglamento, Argentina se despide del sistema instaurado hace más de cuatro décadas e inicia una nueva etapa en su sistema de justicia juvenil, cuyo desarrollo dependerá ahora de la coordinación entre la administración nacional, el sistema judicial y los distintos tribunales provinciales.
