El paquete será una prueba legislativa para Milei, cuyo bloque libertario no cuenta con una mayoría en el Congreso
El presidente argentino, Javier Milei, está ultimando una iniciativa legislativa en el transcurso de esta semana destinada a endurecer las sanciones contra las compañías que trabajan en las Malvinas, una medida que, según analistas, podría agravar las fricciones con Gran Bretaña incluso fuera del ámbito petrolero.
El proyecto, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, modificaría la Ley 26.659, que ya prohíbe operaciones de hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental en disputa y contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años. Milei lo anunció el 3 de septiembre en un discurso televisado, acompañado de un decreto para acelerar los ya existentes procedimientos de sanción. El texto será presentado ante la cámara baja.
La normativa se fundamenta en un conjunto de procedimientos que el gobierno argentino asegura haber iniciado contra al menos 60 empresas e individuos vinculados a la exploración petrolera marina alrededor del archipiélago, a quienes Argentina llama Malvinas y reclama como propias pese al dominio británico. Argentina invadió las islas en 1982 y sostuvo una guerra de diez semanas antes de rendirse ante Gran Bretaña. Los habitantes de las islas ratificaron su estatus de territorio británico de ultramar en el referéndum de 2013.
El asistente del Congreso, Marcelo Seghini, dijo a Reuters que el texto prevé sanciones más severas para operaciones no autorizadas y ampliaría las sanciones a sus filiales y a otras actividades que afecten los recursos naturales argentinos. Según la misma fuente, el gobierno está considerando incluir la industria pesquera, que sustenta una parte importante de la economía de las islas. El gobierno argentino no ha confirmado ese alcance ni respondió a consultas sobre las empresas afectadas.
La medida llega después de una denuncia penal presentada la semana pasada contra compañías vinculadas al proyecto marino Sea Lion, gestionado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. Ambas empresas sostienen que el proyecto cuenta con licencias válidas emitidas por el gobierno de Malvinas y no anticipan que las acciones de Milei entorpezcan su desarrollo.
Un documento gubernamental, revisado por Reuters, lista a los accionistas e intermediarios financieros entre las compañías señaladas para posibles sanciones, entre ellos Vanguard, First Eagle, Canaccord, Interactive Investor y Hargreaves Lansdown. Proveedores de servicios petroleros como SLB, Baker Hughes y Halliburton indicaron en los últimos días que no participarán en operaciones en las islas.
El anuncio se produjo después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que Washington podría replantear su posición de neutralidad en la disputa. Para Marcelo Elizondo, representante de Argentina ante la Cámara de Comercio Internacional, no se trató de un proyecto de ley elaborado con antelación: los comentarios de Trump, afirmó, «crearon un ambiente que el gobierno buscó aprovechar con rapidez».
Este paquete constituirá una prueba legislativa para Milei, dado que su coalición libertaria no posee una mayoría en el Congreso. El legislador de la oposición Aldo Leiva afirmó que el presidente «claramente está usando las Malvinas con fines de oportunismo político».
Empresas e inversionistas evalúan si las sanciones podrían, en última instancia, repercutir sobre firmas con operaciones en Argentina, incluida la industria de esquisto de Vaca Muerta. El Congreso recibirá el martes la propuesta presupuestaria para 2027, y se espera que el gasto en defensa se incremente.
