El portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, declaró desde la Casa Rosada que la instalación realizará funciones logísticas y actuará como un punto estratégico para proyectar a Argentina hacia el Atlántico Sur.
El gobierno de Argentina afirmó este martes que la base naval integrada que proyecta en Ushuaia permitirá vigilar y salvaguardar los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur, y anunció que presentará nuevas denuncias contra empresas que exploren o extraigan hidrocarburos sin la debida autorización argentina en aguas cercanas a las Malvinas.
El portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, afirmó desde la Casa Rosada que la instalación asumirá funciones logísticas y servirá como un punto estratégico para la proyección de Argentina hacia el Atlántico Sur. Días antes, el propio portavoz había subrayado que la base no tiene carácter militar y funcionará como un centro logístico de apoyo operativo y científico para la proyección hacia la Antártida.
Ravier dijo que la instalación fortalecerá la protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P-3 Orion y cazas F-16 comprados en Dinamarca, y que se construirán muelles comerciales y civiles para apoyar la actividad económica en la región. También afirmó que las empresas vinculadas a la exploración en el área en disputa no podrán contratar con el Estado argentino, adherirse al régimen de incentivos a las grandes inversiones, recibir beneficios fiscales ni participar en Vaca Muerta, el principal campo no convencional del país, ubicado en la provincia de Neuquén.
Las obras comenzaron en 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández, y desde entonces han estado prácticamente detenidas. Se observa un avance físico del 9,13% y consiste en una losa de concreto de unos 2.500 metros cuadrados dentro de un terreno de 38 hectáreas, según cifras oficiales. El ministro de Defensa, Carlos Presti, anunció el viernes que los trabajos se reanudarán el 2 de enero, una vez que cierren las licitaciones públicas.
El Ejecutivo ha reasignado unos US$142 millones al proyecto mediante el decreto 867 y está buscando el financiamiento restante. Ravier negó categóricamente cualquier intervención extranjera, asegurando que no existe acuerdo con Estados Unidos ni apoyo por parte de ningún actor, y que la base será íntegramente argentina.
Ushuaia se halla a unos 700 kilómetros del archipiélago, territorio británico de ultramar sobre el cual Argentina reclama la soberanía. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener ese estatus.
El anuncio forma parte de la campaña lanzada por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre. Hasta ahora, la Cancillería tiene procesos administrativos abiertos contra al menos 60 personas y empresas conforme a la Ley 26.659, sin que se apliquen sanciones, y el 7 de septiembre presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas al proyecto León Marino ante el juzgado federal de Julián Ercolini. Ninguna de las acusaciones ha sido probada. Argentina ya había prohibido a Rockhopper durante veinte años en 2013 y a Navitas en abril de 2022.
Ravier añadió que al menos tres de las mayores empresas del sector se habían retirado del proyecto Sea Lion y que el gobierno de José Antonio Kast en Chile se había comprometido a no brindar asistencia logística a los buques británicos. Ninguna de esas declaraciones ha sido verificada de forma independiente.
