El canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que afectan a diez empresas y a sus directivos
La Cancillería de Argentina expresó este martes su firme rechazo ante las directrices que el gobierno británico difundió la víspera para las compañías que realizan actividades económicas en las Islas Malvinas, y afirmó que continuará aplicando su marco legal contra las firmas que exploren o exploten hidrocarburos en la zona sin la autorización correspondiente de Buenos Aires.
Lo que dice Buenos Aires
El Ministerio afirmó que los archipiélagos y sus zonas marítimas correspondientes forman parte integral del territorio nacional y que se encuentran ocupados de manera ilegítima por el Reino Unido. Su réplica abarca, además de las Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, un alcance más amplio que el documento británico, el cual se limita únicamente al primer archipiélago. Argentina sostiene que la emisión de regulaciones, la concesión unilateral de licencias, las convocatorias a proveedores y la promoción comercial británica vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que exhorta a ambos países a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución. También advirtió que la explotación hidrocarburífera prevista podría acarrear efectos irreversibles sobre los recursos no renovables. Se trata de criterios del Ejecutivo argentino, que Londres cuestiona.
Lo que decía la guía
El documento, titulado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, fue publicado este lunes por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo junto con el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido. Sostiene que Londres no duda de su soberanía, que Argentina no ejerce jurisdicción y que su derecho interno no se aplica en las islas, y que regular la actividad económica corresponde al gobierno de las islas. Ofrece asistencia a las empresas que reciben correspondencia argentina y señala que no ve la base sobre la cual tribunales de terceros países podrían ejercer jurisdicción sobre esas medidas. Estas son posiciones del Gobierno británico, cuestionadas por Argentina.
La jugada diplomática
Después de la decisión de inversión final de Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de Israel, en el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca al norte del archipiélago, el Ministerio convocó a los embajadores británico e israelí para entregarles notas formales de protesta. Hay antecedentes: Argentina convocó a la misión británica en 2010 por el inicio de perforaciones en la zona, y Londres presentó una protesta formal cuando se aprobó la ley que contemplaba sanciones a las empresas petroleras.
La campaña hasta el momento
Según el ministerio, ha enviado alrededor de 180 avisos de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas en 30 países, ha abierto 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno ha presentado tres denuncias penales que afectan a diez empresas y sus directivos. Ninguna de las acusaciones ha sido probada y ningún procedimiento ha resultado aún en una sanción.
El marco
Las resoluciones que Argentina invoca son textos de la Asamblea General y tienen rango de recomendaciones, sin fuerza vinculante. La Resolución 2065, de 1965, invita a ambos estados a negociar; El gobierno argentino reiteró su voluntad de retomar un diálogo “constructivo y sustantivo”. Londres condiciona cualquier discusión sobre soberanía a los deseos de los isleños; en el referéndum de 2013 optaron por conservar el estatus de territorio británico de ultramar con el 99,8% de los votos.
