El proyecto de ley crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei, facultado para ordenar “medidas urgentes”. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu
Este jueves, el Gobierno argentino remitió al Parlamento un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, formulado por el presidente Javier Milei como «un hito en el proceso de recuperación» de las Malvinas. El texto endurece las penas por la explotación de recursos naturales en la zona en disputa y, además, crea un registro de personas vinculadas al terrorismo que no exige una causa penal previa.
El proyecto, rubricado por Milei junto al jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, sustituye la Ley 26.659, vigente desde 2011, y amplía su radio de acción: ya no se limita a los hidrocarburos, sino a cualquier recurso natural, renovable o no, presente en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, se apoya en tres pilares: «castigar a quienes explotan ilegítimamente nuestros recursos naturales; crear incentivos para que abandonen esa conducta; y dotar al Estado nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas». Las empresas prohibidas correrían el riesgo de no poder operar en ninguna parte del territorio, independientemente de su actividad vinculada al archipiélago.
La iniciativa propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por Milei, con potestad para dictar “medidas urgentes” frente a una amenaza grave e inminente: limitar operaciones cambiarias y financieras, congelar temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contratos y restringir el comercio exterior. También autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en la protección de instalaciones consideradas estratégicas.
El aspecto más controvertido es la creación, con personería jurídica, del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas con Actos del Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente de la Unidad de Información Financiera. La inclusión en el registro “no estará condicionada” a la existencia de una causa penal: bastarán “motivos razonables de sospecha” de un vínculo con el terrorismo, o una designación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta medida provoca de forma inmediata el congelamiento de fondos y activos y la inhabilitación para contratar con el Estado, aunque posteriormente la unidad deberá notificar a un juez federal para su ratificación. El proyecto de ley también tipifica como delito específico, con penas de entre cinco y quince años de prisión, el apoyo material a organizaciones terroristas, y prohíbe las contribuciones de extranjeros sin residencia permanente a partidos y campañas políticas.
Horas antes de que el proyecto llegara al Congreso, la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, Tierra del Fuego, había concedido un amparo —un asunto ambiental ajeno al proyecto de ley del gobierno— presentado el 1 de septiembre por el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Plata y la Asociación Civil de Abogados Ambientales. La jueza ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production abstenerse de iniciar o continuar las labores en el proyecto Sea Lion, que prevé 23 pozos, y calificó el riesgo ambiental como “ni hipotético ni remoto”. Explicó que la sentencia no constituye una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni resuelve la disputa de soberanía con el Reino Unido, que, junto con las empresas, sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su ley en el archipiélago.
La iniciativa recibió críticas inmediatas, incluso de sectores vinculados al reclamo de soberanía. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Cecim, advirtió que el Consejo de Seguridad Nacional, tal como está redactado, equivale a “barrer los límites democráticos y constitucionales que separan la seguridad interna de la defensa”. El diputado socialista Esteban Paulón señaló que, “detrás de una causa sentida y un llamado a la unidad nacional”, el Gobierno pretende “concentrar todo el poder sobre la seguridad pública” e “instalar un estado generalizado de sospecha”.
El miércoles, en una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei negó que la campaña por las islas responda a un cálculo electoral de cara a las elecciones de 2027, en las que buscará la reelección: «Los analistas políticos dicen que presionamos a Malvinas por razones de imagen y de oportunismo político. Eso es una enorme estupidez», afirmó, señalando que la estrategia lleva tres años gestándose y que el detonante fue una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre revisar la neutralidad de su país en la disputa.
