Argentina conmemora este martes 24 de marzo de 2026 el 50 aniversario del golpe que abrió el camino a la última dictadura militar, una jornada marcada por manifestaciones por la memoria, la verdad y la justicia. Organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo han llamado a participar en las conmemoraciones, mientras el Ministerio Público ha actualizado el historial judicial de crímenes de lesa humanidad. Cinco décadas después del golpe del 24 de marzo de 1976, la magnitud del terrorismo de Estado todavía se puede resumir en cifras que siguen dando forma a la vida política y social de Argentina: 30.000 desaparecidos, más de 500 niños secuestrados, 814 centros secretos de detención y 1.231 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad desde que se reanudaron los juicios.
Números que resumen el alcance de la dictadura
La última dictadura argentina dejó un saldo de 30.000 personas secuestradas, según cifras citadas por organizaciones de derechos humanos y adoptadas en la conmemoración pública del 24 de marzo. Las “Abuelas de Plaza de Mayo” recuerdan también que el aparato represivo secuestró a más de 500 niños, muchos de los cuales nacieron en cautiverio. A esto se suma la existencia de 814 centros secretos de detención y otros lugares de detención ilegal inscritos en el registro oficial de Argentina para el período 1974-1983, una red de represión a nivel nacional.
Del juicio a las juntas militares a la reanudación del proceso
Uno de los hitos del proceso de democratización fue el juicio de 1985 a las juntas militares, conocido como Juicio 13, que investigó cientos de casos de violaciones de derechos humanos y terminó con condenas para cinco ex miembros de las juntas militares, incluidas cadenas perpetuas para Jorge Videla y Emilio Massera. Posteriormente, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas entre 1986 y 1987 ralentizaron durante años el procesamiento de la mayoría de los responsables. Este bloqueo se levantó tras la derogación por el Parlamento en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema en 2005, permitiendo que se reanudaran los juicios por crímenes contra la humanidad. La reanudación del proceso convirtió a Argentina en un modelo internacional de justicia transicional, aunque el proceso aún está incompleto:
Según la actualización publicada por la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, desde 2006 se han dictado 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. A marzo de 2026, hay 12 casos pendientes en varios distritos judiciales y 282 casos se encuentran en fase de instrucción, con 292 imputados. Además, hay 517 imputados que aún no han sido acusados, otros 76 que ya están bajo investigación y a la espera de una decisión procesal, y 1.582 personas que están bajo investigación y que siguen en libertad. De las 504 personas encarceladas por estos delitos, 425 se encuentran bajo arresto domiciliario, o más del 80% del total, mientras la justicia argentina sigue sin poder localizar a 33 prófugos. Además, de las 3.897 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, 1.257 han fallecido.
Continúa la búsqueda de los nietos secuestrados
Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen viendo la búsqueda de los niños secuestrados durante la dictadura como uno de los ejes centrales de las conmemoraciones. La organización recuerda que ya ha resuelto 140 casos, pero subraya que todavía quedan más de 300 nietos y nietas por encontrar, personas que ahora podrían vivir bajo una identidad falsa. Fundada en 1977, la organización ha vinculado el 50 aniversario del golpe con la campaña “Florecerán Pañuelos”, pidiendo que se mantenga viva la memoria colectiva frente al silencio en torno al destino final de miles de desaparecidos y al secuestro sistemático de bebés.
Un aniversario con recuerdos y preguntas sin respuesta
El 50 aniversario del golpe se produce cuando Argentina se ha convertido en un referente mundial en memoria, justicia y reparaciones, pero también en medio de advertencias de organismos internacionales sobre retrocesos y numerosas investigaciones en curso. Hace unos días, expertos de la ONU enfatizaron que las obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición siguen siendo requisitos legales para el Estado argentino. La cifra de 30.000 desaparecidos, los 814 centros secretos de detención, las 361 sentencias y los 140 nietos devueltos resumen medio siglo de memoria y lucha. Pero el hecho que mantiene abierta la herida en Argentina es diferente: todavía hay cientos de familias que no saben qué pasó con sus desaparecidos y más de 300 personas que pueden estar viviendo bajo una identidad que no es la suya.
