Un juez federal argentino ordenó el lunes suspender por tres meses la deforestación en la provincia norteña de Chaco. Se trata de una medida poco común para proteger uno de los ecosistemas forestales que se destruye más rápidamente en el mundo y dar paso a tierras de cultivo. La medida inusual, pero no sin precedentes, anunciada formalmente y publicada en el sitio web del fiscal, se produce en medio de una investigación sobre un presunto plan de corrupción público-privada que involucra tanto a empresarios como a funcionarios locales que se benefician de la tala ilegal de tierras. La provincia del Chaco forma parte del Gran Chaco, la región boscosa más grande de América del Sur después del Amazonas, que se extiende entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. La región es una de las zonas más deforestadas del mundo. Este ecosistema de bosque seco es hogar de una variedad de vida silvestre que incluye jaguares, zorros, lobos, ocelotes, tapires, armadillos, capibaras y pumas.
La Fiscalía está investigando a antiguos y actuales funcionarios locales, así como a grandes empresas, especialmente en el sector de cereales, por ganancias ilegales, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de los funcionarios. “El juez ordenó la suspensión total de la deforestación en la provincia del Chaco”, dijo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que interpuso la primera demanda. “Esto garantizará que no se produzcan daños ambientales mientras se lleva a cabo la investigación. Continuaremos hasta que se desmantele esta mafia deforestadora y se detenga la deforestación”.
Los principales sectores económicos de la provincia del Chaco, que abarca una superficie de alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, son la silvicultura, la soja y la ganadería, la producción de algodón, la leña y los taninos. Según la organización no gubernamental Fundación Vida Silvestre, a pesar de la Ley de Protección Forestal de Argentina, el Gran Chaco ha perdido el 30% de su superficie y el 76% de la deforestación se produjo de forma ilegal entre 2007 y 2021.
