La Justicia argentina decidió el martes (18) dos medidas que afectan directamente a Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ese mismo día se confirmó el procesamiento del expresidente por contratos de seguros y se ordenó el mayor embargo de bienes contra el exjefe de Estado. Ambos procesos, iniciados por tribunales federales de Buenos Aires, aumentan la presión sobre dos figuras centrales del kirchnerismo. En el caso de Alberto Fernández, la Cámara Federal confirmó la acusación por presuntas negociaciones incompatibles con el cargo público. En el caso contra Cristina Fernández, el Segundo Circuito Federal ordenó el embargo de un gran paquete de bienes vinculados a la expresidenta, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. Estas decisiones políticamente explosivas consolidan investigaciones que llevan meses en marcha y que ahora están entrando en su fase decisiva.
La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó la imputación contra el expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo. El tribunal consideró que había pruebas suficientes de “instrucciones e influencias criminales”. El caso gira en torno a contratos estatales de los que se habría beneficiado el corredor Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero. Un mensaje del ex presidente que decía «Yo me encargo» se consideró una prueba crucial de su implicación. El tribunal confirmó la confiscación de 14.600 millones de pesos argentinos y la prohibición de salida. También confirmó el procesamiento de Cantero y del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Según la investigación, la firma de Martínez Sosa se centró en aproximadamente el 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros entre 2020 y 2023 en pólizas para entidades estatales. La Sala confirmó la decisión original del juez Sebastián Casanello, pese al pedido de la Fiscalía de anular el proceso. Tribunal ordena mayor embargo contra Cristina Fernández En paralelo, el Segundo Juzgado Federal ordenó el embargo de bienes por 684.990 millones de pesos argentinos contra la expresidenta Cristina Fernández. La medida afecta inmuebles a su nombre, bienes de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y bienes del empresario Lázaro Báez. El expresidente había impugnado la medida alegando que gran parte de los bienes fueron adquiridos antes de los incidentes investigados. Los jueces respondieron que el decomiso tenía como objetivo impedir la obtención de ganancias provenientes de actividades ilícitas y reparar el daño social.
La familia Kirchner pierde 20 propiedades, Báez más de 80
El tribunal señaló que el embargo incluye bienes relacionados con empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curto. También estableció una nueva política de visitas para Cristina Fernández, quien se encuentra bajo arresto domiciliario debido a una pena de seis años de prisión. Las nuevas reglas limitan el número de visitantes a un máximo de cuatro a la vez y requieren una lista previa de familiares, abogados, cuidadores y profesionales médicos autorizados. Las decisiones, dictadas en un solo día, agravan la situación jurídica de los principales representantes del kirchnerismo y prevén nuevas fases procesales en casos que siguen dominando la agenda política argentina.
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