Javier Milei prohíbe el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, una medida sin precedentes sacude la relación entre el poder político y la información en Argentina. A partir de hoy, 23 de abril, se negó repentinamente el acceso a la sede presidencial a periodistas autorizados, lo que marcó una clara ruptura con una práctica consolidada a lo largo de los años. La decisión tomó por sorpresa a unos sesenta periodistas que siguen diariamente las actividades del ejecutivo y que de un día para otro se vieron excluidos de los pasillos de la presidencia.
Javier Milei prohíbe el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados
Según trascendió de fuentes gubernamentales citadas por el diario La Nación, la medida se enmarca en un contexto delicado, vinculado a una investigación sobre supuesta infiltración rusa en medios locales. Una hipótesis que elevó el nivel de alerta en el seno de las instituciones y que habría empujado al gobierno a adoptar una línea extremadamente rígida hacia la prensa.
La disposición fue acompañada de una decisión técnica igualmente drástica: las huellas dactilares asociadas a las acreditaciones de prensa fueron canceladas, imposibilitando de hecho cualquier acceso a la sede presidencial hasta nuevo aviso. Una elección que inmediatamente generó polémica y cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país sudamericano.
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“La prórroga de la acreditación 2025 ha sido revocada y hasta que no se aclare el asunto relativo a los videos no se permitirá el ingreso a ningún periodista”, declararon fuentes del ejecutivo citadas por La Nación. Palabras que confirman la voluntad del gobierno de mantener el bloqueo al menos hasta la conclusión de los controles en curso, aunque sin precisar el calendario exacto.
El origen de la represión estuvo en una denuncia penal presentada contra dos periodistas del canal Todo Noticias, acusados de presunto espionaje ilegal. Los reporteros habrían difundido imágenes tomadas en el interior de la Casa Rosada, material considerado sensible por las autoridades. Entre los investigados se encuentran los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, este último ya suspendido del acceso a la sede presidencial.
La historia tomó forma tras la emisión de un reportaje televisivo en el programa «Y mañana qué», conducido por la propia Geuna, en el que se mostraron imágenes de zonas internas del palacio presidencial. La denuncia fue presentada ante un tribunal federal y alega delitos relacionados con la difusión de información sensible y la seguridad nacional.
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La medida fue tomada por la Casa Militar, organismo responsable de la seguridad de la sede presidencial, que decidió intervenir tras la difusión de material considerado confidencial. La acción judicial representó el punto de inflexión que llevó a la suspensión general de las acreditaciones, involucrando también a periodistas no directamente vinculados al caso.
Mientras tanto, los reporteros excluidos continuaron realizando su trabajo desde lugares alternativos cercanos a la Plaza de Mayo, tratando de mantener la cobertura de las actividades gubernamentales a pesar de las restricciones. El cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada representa un hecho poco común en la historia institucional argentina: incluso en los momentos más complejos, entre gobiernos democráticos y juntas militares, ese espacio permaneció operativo. Sin embargo, hoy la relación entre poder e información entra en una fase de fuerte tensión, cuya evolución aún está por aclarar.
