El Senado argentino aprobó definitivamente la Ley de Presupuesto para 2026, marcando una importante transición política y económica para el país. Esta es la primera maniobra aprobada desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei y representa una pieza central de la línea de política económica del Ejecutivo. La medida obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, gracias al apoyo unido de los senadores de La Libertad que avanza y los aliados considerados decisivos para el gobierno.
El Senado argentino aprobó definitivamente la Ley de Presupuesto para 2026
La ley confirma el objetivo de déficit cero como piedra angular de la política fiscal, una verdadera brújula para la administración Milei. El ejecutivo reitera su compromiso de mantener el equilibrio de los gastos con los ingresos, convencido de que la disciplina de las finanzas públicas es la principal herramienta para seguir combatiendo la inflación y restablecer la credibilidad económica. Es una estrategia que el gobierno considera indispensable e innegociable.
El documento presupuestario también contiene las principales previsiones macroeconómicas para 2026. Se espera que el producto interior bruto crezca un 5 por ciento anual, mientras que la inflación se estima en un 10,1 por ciento. En el frente cambiario, el dólar se cotiza en 1.423 pesos argentinos, nivel que se mantiene por debajo del techo máximo fijado actualmente en 1.452,5 pesos. Datos que el ejecutivo presenta como consistentes con una senda de estabilización gradual de la economía.
Uno de los puntos reivindicados con más fuerza por el gobierno se refiere a la presión fiscal. De hecho, la medida no introduce nuevos impuestos ni prevé aumentos en las tasas existentes. La Casa Rosada afirma que la decisión de no intervenir en el frente fiscal puede verse recompensada por una recuperación de la actividad económica y, en consecuencia, por un aumento de los ingresos sin recurrir a medidas extraordinarias.
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Entre los aspectos más relevantes del texto se encuentran las normas que autorizan al Ministerio de Economía a realizar operaciones de gestión de deuda pública. La ley permite intervenciones cambiarias, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de la deuda. Según el Gobierno, se trata de un instrumento que «tiene como objetivo ordenar los compromisos del Tesoro y reducir los riesgos financieros», sin aumentar el stock global de deuda.
Una parte importante de las críticas de la oposición se han centrado precisamente en este punto. Los partidos opuestos a la maniobra denuncian una ampliación considerada ilegítima de los poderes otorgados al ejecutivo en materia de gasto y gestión financiera, que penaliza el papel del Parlamento. Una polémica que se entrelaza con las normas que permiten a la administración, dentro de límites preestablecidos, cambiar el destino de los fondos asignados al inicio del ejercicio.
El Gobierno defiende esta flexibilidad argumentando que servirá para responder a cualquier imprevisto sin comprometer el equilibrio general de las cuentas. El importe global del gasto, aseguran fuentes presidenciales, se mantendrá sin cambios, mientras que la posibilidad de reasignar recursos permitirá una gestión más ágil y oportuna de la acción pública.
También se confirma el camino hacia la reducción de los subsidios económicos para 2026, particularmente en los sectores de energía y transporte. El objetivo declarado es liberalizar el sistema de formación de precios, concentrando las ayudas en los sectores de la población con menores ingresos. Los criterios restrictivos sobre las transferencias a las provincias también se mantienen sin cambios, a pesar de las presiones de los gobernadores, mientras que para la seguridad social se aplican los mecanismos actuales, con ajustes destinados a mantener los niveles de asistencia, una opción que sigue siendo impugnada por la oposición.
