La Cámara de Representantes de Argentina aprobó una reforma fundamental de la ley de protección de glaciares, que fue impulsada por el partido gobernante La Libertad Avanza y que regula recientemente qué áreas pueden usarse para proyectos mineros. La iniciativa fue aprobada tras más de once horas de debate con 157 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El texto de la ley introduce cambios significativos en la gestión de los recursos hídricos en la alta montaña, en un contexto de intensas controversias políticas, sociales y ambientales en el país. Antes de la votación, el gobierno logró obtener un apoyo crucial del Pro, la UCR y los parlamentarios de las provincias mineras, lo que permitió que el proyecto de ley fuera aprobado en la cámara baja.
Puntos clave de la reforma y sus efectos
La nueva legislación cambia las regulaciones de protección de los glaciares adoptadas originalmente para preservar reservas estratégicas de agua. Uno de los cambios más importantes es que en el futuro las provincias con glaciares decidirán qué áreas deben protegerse, siempre con criterios técnicos. Esto significa que las autoridades locales pueden priorizar actividades productivas como la minería en zonas donde se originan muchos de los ríos del país. Además, el texto limita el alcance de la lista oficial al considerar únicamente aquellas masas de hielo que cumplen determinadas funciones como reservas de agua, excluyendo así otras áreas previamente protegidas.
Críticas a posibles retrocesos en la protección del medio ambiente
La reforma ha sido fuertemente criticada por organizaciones ecologistas y partidos de oposición, que consideran que la normativa representa un paso atrás en la protección del medio ambiente y podría violar la Constitución. En concreto, señalan que el artículo 41 establece estándares mínimos de protección ambiental que las provincias no pueden reducir. Las críticas también llegaron desde el entorno internacional. Cinco organizaciones han denunciado la ley ante el Parlamento Europeo porque creen que podría ser incompatible con los compromisos medioambientales del acuerdo entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Manifestaciones y respuesta del gobierno
La aprobación ha provocado protestas frente al Congreso y manifestaciones en provincias como Mendoza, donde la minería es particularmente sensible. Sin embargo, el Gobierno defiende la reforma porque, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Fernando Brom, la normativa anterior provocaba “inseguridad jurídica y paralización de las inversiones”. La ley entra en vigor en el contexto de un fortalecimiento parlamentario del partido gobernante tras las elecciones parlamentarias, en las que se consolidó como la fuerza de oposición más fuerte en la Cámara de Representantes.
El cambio de ley afecta a un país que alberga cerca de 17.000 glaciares, con una superficie total equivalente a 41 veces la de la ciudad de Buenos Aires, una cifra que ilustra la magnitud del impacto potencial de esta reforma.
