Argentina: Orden de detención internacional contra el presidente de Nicaragua

El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó el arresto y detención internacional del dictador nicaragüense Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. Según Lijo, son responsables de graves violaciones de derechos humanos. La medida se extiende también a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense como parte de un procedimiento iniciado en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. La demanda, encabezada por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fue presentada originalmente el 26 de agosto de 2022. La demanda acusa a Ortega, Murillo y otros funcionarios del gobierno de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y desplazamiento forzado.

Richarte calificó el fallo judicial como un “hecho histórico” y enfatizó que marcó “un antes y un después en términos de justicia universal”. Según el abogado, el caso se construyó durante más de dos años a partir de testimonios de las víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organizaciones internacionales. “Este veredicto no es el final, pero es un paso crucial para hacer más visible la situación en Nicaragua y hacer justicia a las víctimas”, enfatizó. La denuncia original documentó violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, incluida la represión de manifestaciones cívicas, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de grupos vulnerables. Posteriormente, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete prórrogas a la denuncia.

La competencia del poder judicial argentino para investigar este caso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos procesar crímenes graves como crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde se cometieron. Esta posición fue confirmada por el fiscal Eduardo Taiano y reiterada por el juez Lijo. El veredicto también se basa en testimonios directos de las víctimas, presentados bajo condición de anonimato, así como en informes de organizaciones internacionales y artículos de medios que documentan las violaciones denunciadas.

El fallo del juez Lijo sienta un precedente en la justicia penal internacional y aumenta la visibilidad de la situación de Nicaragua en el escenario internacional. Según Richarte, el fallo pretende “aislar a los dictadores e involucrar a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”. La orden de arresto internacional contra Ortega y Murillo representa un nuevo desafío diplomático para el régimen nicaragüense y presiona a los organismos multilaterales y gobiernos regionales para que tomen medidas concretas en respuesta a las acusaciones.